CIE’s, los nuevos campos de concentración

Cada día son más los inmigrantes que, por suerte o por desgracia ingresan en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Según el acuerdo de Schengen de 1985, estos centros se crearon como establecimientos públicos a propuesta de ayudar al desarrollo de la política migratoria común de la Unión Europea. El principal objetivo de la organización es asegurar una integración en la sociedad de todos los inmigrantes garantizándoles unos derechos y libertades. Sin embargo, la realidad dista mucho de todo esto.

A raíz de la Primavera Árabe y todas las revueltas que desembocaron en guerras, como la de Siria y sobre todo con la penetración del Daesh en la zona, muchos civiles se vieron obligados a huir de sus hogares y a buscar refugio en otros países en paz. La situación a la que se enfrentan día tras día miles de personas tratando de escapar del horror que alberga sus países deja mucho que desear.

Fronteras donde esperan retenciones de largas horas, además de las ingentes cantidades de dinero que se les exige para poder continuar el viaje interminable. Una vez sorteadas las fronteras, los voluntarios de organizaciones les dirigen a campamentos de refugiados, donde como el de Idomeni se sitúa a 25 kilómetros de la parada del autobús. Este campamento precisamente está habitado por 14.000 personas, en condiciones bastante precarias.

Para empezar, si quieren una tienda de campaña deben abonar como mínimo 50 dólares y además no son impermeables y por tanto, cuando llueve se empapa. Los voluntarios no son suficientes para organizar la vida en el campamento. Se desatan colas infinitas para recibir algo de comida, ropa o aseo. De hecho, son una tercera parte de refugiados los que optan por salir del campamento y buscarse la vida como puedan. Claro está que solo las personas que tienen dinero pueden permitirse entrar en países europeos, pues necesitan conseguir pasaportes falsos y ropa de buena presencia.

Una vez que consiguen aterrizar en suelo europeo, ya sea jugándose la vida en barcas inestables a través del Mediterráneo o mediante interminables caminatas, son puestos a disposición gubernamental. Es decir, los países europeos receptores destinan a estas personas a Centros de Internamiento de Extranjeros. En principio, como forma de agrupación preventiva para más tarde dar lugar a la integración de estos en la sociedad como ciudadanos de ese país.

Ahora bien, el cometido final es bien distinto. Lo que no saben las familias que llegan esperanzadas a estos países libres, es que acabarán recluidas en estos centros, donde serán tratados como delincuentes. En primer lugar les despojan de sus identidades, pues pasan a ser meros números normalmente alejados de sus parientes, y en constante vigilancia policial.

Estos recintos solo permiten alojar a inmigrantes durante un máximo de 90 días. Una vez cubierto el plazo son devueltos a sus países de origen o puestos en libertad. La mayoría de las veces, el destino de los internos está en el regreso a sus lugares. Puede ocurrir que inmigrantes que hayan sido integrados en la sociedad sean trasladados a los centros por no presentar los papeles legales de residente del país, no tener permiso de trabajo formalizado o por cometer actos delictivos. En ese caso, ante la incapacidad del Gobierno de deportar a todas estas personas, las encierran por tiempo ilimitado como si fueran cárceles.

El reclutamiento durante una temporada en los CIE’s puede suponer una experiencia traumática. Los extranjeros se encuentran privados de libertad, encerrados en un mínimo espacio compartido con desconocidos y lejos de sus familiares, ya que suelen estar en otros centros e incluso en otras Comunidades Autónomas. Además, constantemente los refugiados ven vulnerados sus derechos.

Más que un centro de acogida hospitalario, se trata de un régimen penitenciario o los llamados nuevos campos de concentración. De hecho, funcionan como instrumento gubernamental de control y represión a la ciudadanía. Es por esto que muchas organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos humanos o plataformas sociales están denunciando el funcionamiento de CIE’s y exigen el cierre de todos estos, que cada vez son más.

Hay cantidad de protestas contra los malos tratos, el hacinamiento, la privación de libertad o incomunicación de los reclusos. Además, la masificación de los centros y la falta de distinción que hace que refugiados, delincuentes o “sin papeles” compartan las mismas instalaciones, está asociando inmigrantes con delincuencia y esto supone un grave impacto en la sociedad, donde los niveles de xenofobia se están disparando. Algo intolerable es que paguen justos por pecadores, y más si se trata nuevamente de la incompetencia del Gobierno que debiera celebrar un juicio justo y aplicar la ley como al resto de ciudadanos.

En definitiva, lo que pretenden las instituciones gubernamentales, lejos de fomentar la integración de los refugiados en la sociedad, es impedir que se adapten para que sean ellos mismos los que voluntariamente abandonen los países de acogida. Mucho más fácil para los Estados Miembro de la Unión Europea, solucionar el problema de las cuotas de asilo forzando sutilmente la marcha de los inmigrantes de esta manera.

Tras varias denuncias por delitos contra la dignidad de los inmigrantes, las muertes de dos extranjeros, y recientemente por la falta de atención sanitaria, de medicamentos y de prendas de abrigo, y expulsiones sin notificación, las organizaciones en contra de los CIE’s se han lanzado con más fuerza que nunca en una campaña al grito de: ¡Ningún ser humano es ilegal! O ¡Migrar es un derecho, no un delito! Con el fin de que se cierren todos los centros y se obligue a la Unión Europea a acoger a estos refugiados en plenas condiciones de asistencia.

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Sandra Fernandez

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