Educación
Te explicamos: qué es el veto parental

El Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se muestran contrarios a la medida que PP, Ciudadanos y Vox han implantado en Murcia. Vox lo ha planteado como exigencia para la aprobación de los presupuestos en la Comunidad de Madrid.

PP, Ciudadanos y Vox cerraron el 16 de enero un acuerdo sobre los presupuestos de la Comunidad de Murcia, con el veto parental entre sus medidas. Juan José Molina, portavoz parlamentario de Cs, aseguró que su partido “no ha admitido cambios sobre su postura en referencia a la autorización paterna para la participación en actividades complementarias”, mientras que Vox remarcó que no habían retrocedido en sus peticiones. Su nota de prensa describía el “pin parental” como un logro con el que “los padres tendrán derecho a elegir la educación de sus hijos sin el adoctrinamiento ideológico de la izquierda”.

En qué consiste el veto parental

El veto parental es un mecanismo de control que permite a los padres y madres murcianos vetar las actividades y temas que reciben sus hijos e hijas por parte de personal externo a su centro educativo, aunque el profesorado considere que son necesarios. Las charlas sobre igualdad, sexualidad, o diversidad son sus principales focos.

 El veto parental formó parte de las propuestas de Vox durante las pasadas elecciones autonómicas, pero su origen se remonta hasta 2014, cuando Hazte Oír difundía el mensaje “el derecho a la libertad educativa de los padres y la protección de nuestros hijos está en juego; usa y difunde el pin parental”.

Pero no fue la única pronunciación por parte de Hazte Oír: en el mismo año, difundió el informe del Área de Estudios de Profesionales por la Ética (PpE) “Las leyes de desigualdad”, con énfasis en la “vulneración y recorte de derechos fundamentales en las nuevas leyes autonómicas sobre igualdad de género”.

La portavoz de PpE en esas fechas era Alicia Rubio, actual diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Además, ejercía como portavoz de “Libres para Educar”, una plataforma ultraconservadora. En el inicio del curso escolar de 2014, ya proponía el uso del veto parental: lo definía como “un escrito de solicitud de información previa y exigencia de consentimiento expreso que puede entregarse en la secretaría de los centros educativos para evitar, por ejemplo, que se enseñe a niños de 12 años a ponerse un preservativo”.

El diciembre pasado, Hazte Oír se presentó en la Asamblea de Madrid con firmas “a favor de implantar el Pin Parental en los centros educativos madrileños”, mientras que, un mes antes, grupos como la Editorial Tradicionalista, Enraizados, o la Asociación Española de Abogados Cristianos lanzaron un manifiesto para exigir su “inmediata implantación en todos los centros educativos y en todas las comunidades autónomas”, además de que “se impida a políticos, ideólogos y activistas LGTBI imponerles doctrinas obligatorias sobre su comportamiento afectivo y sexual en las aulas”.

En contra de “derechos y libertades fundamentales”

El pasado jueves el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció que va a recurrir el veto parental por la vía judicial y da un mes de plazo para retirarlo. La ministra, Isabel Celaá, declaró que una normativa como esta “vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, además de “contravenir” la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la legislación sobre violencia de género y la normativa dedicada al colectivo LGTBI.

En unas declaraciones de este lunes para Cadena Ser, la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, planteó la opción de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Murcia ante la imposición del veto parental, aunque más tarde matizó sus palabras en redes y tildó sus declaraciones de irónicas: “sería el camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos ha machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista”.

El mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró acerca del veto parental durante una entrevista para el Especial Informativo de TVE. Sánchez lo considera “un problema inventado por la ultraderecha que no existe” y confía en la labor de la comunidad educativa: “aquí estamos hablando de un centro educativo, de una comunidad educativa donde está representado el director, el AMPA, los estudiantes, la comunidad docente que, por cierto, está haciendo un trabajo extraordinario. Y, en caso de problema, también existe la inspección”.

El presidente del Gobierno se refirió a las declaraciones sobre el veto parental por parte del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. Según los datos que facilitó Ossorio (de 1,2 millones de alumnos) “el caso de la única queja que tenemos por escrito es de una familia con proyecto que se llama Ulises en los colegios de Pedrezuela”. Un “proyecto que ofrece el ayuntamiento de Podemos a los dos colegios del municipio, pero que está integrado dentro de la programación general anual de los dos colegios, como comprobó el servicio de inspección, y no ven gran problema”.

El consejero afirmó que no se producen “charlas que no sean deseadas por los padres en la Comunidad de Madrid” y que las direcciones del área territorial solo le dieron “una queja por escrito de una familia por unas clases de convivencia y dos quejas informales, a través de Twitter”.

Las declaraciones de Ossorio respondían a la exigencia de la aprobación del veto parental de la portavoz de Vox en la asamblea madrileña, Rocío Monasterio.

Contradicciones en el Partido Popular

Aunque el gobierno de López Miras en Murcia, bajo pacto con PP, Ciudadanos y Vox, lleva implantando el veto parental desde el comienzo del curso, Miras se desvincula de Vox. En una entrevista en Cadena Ser, negó que el veto “tenga enjundia jurídica suficiente” como para hacer un decreto-ley, como exigía la formación ultranacionalista. Asimismo, defiende que es una “cortina de humo generada por el Gobierno para tapar el pin judicial de Pedro Sánchez (en referencia a la polémica sobre Dolores Delgado como posible Fiscal General)”.

Aunque el presidente general de su partido, Pablo Casado, se muestre a favor del veto parental, entra en contradicción con el anterior gobierno, del que formaba parte. El 28 de febrero de 2014, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, se aprobó el Real Decreto 126, sobre el currículo básico de la Educación Primaria.

El artículo 10.3 concreta: “las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia”.

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JesusMoreno

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