El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acepta la actuación de España del 2014 al defender «las deportaciones en caliente» a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla.
La sentencia defiende que España «no vulneró los derechos del maliense N. D. ni del marfilense N.T. cuando fueron entregados a las autoridades marroquíes inmediatamente después de pisar suelo español, sin opción de ser escuchados ni de pedir asilo«.
Esta decisión ha provocado una lluvía de críticas y controversias, entre ellos, por parte de diferentes organizaciones, asociaciones e incluso partidos políticos como Unidas Podemos por vulnerar el derecho internacional.
Un hecho que, desde hace años, ha sido sancionado e incluso condenado en diferentes países por defender las deportaciones en calientes en cuestiones migratorias.
Y es que tras saltar una doble valla de seis metros situada en Melilla, la cual separa por completo dos continentes, centenares de migrantes, generalmente subsaharianos, se juegan su vida para buscar un futuro. No obstante, la realidad es distinta.
Frente a ello, el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, ha anunciado que quitará las concertinas pero por lo contrario, ampliará la altura de la valla; un 30% más alta. Esto ha hecho que Unidas Podemos haya advertido de que el borrador sobre la restricción del derecho de asilo, elogiar la sentencia europea sobre las devoluciones en caliente y aumentar la altura de la Valla de Melilla son mensajes «contrarios a lo que figura en el acuerdo» de coalición Gobierno.
«Las devoluciones en caliente incumplen las leyes internacionales y la ley española de extranjería«, afirma José Luis Candela, coordinador del grupo jurídico de Andalucía Acoge, una de las ONGs que denunciaron estas decisiones.