En estos tiempo de cuarentena, la epidemia del coronavirus ha afectado considerablemente a nuestra sociedad. Muchos de los gobiernos actuales, entre ellos, el de España, han tomado diferentes medidas de prevención para luchar contra este virus y paliar su propagación.
Estas precauciones, generalmente resumidas en cuestiones de higiene y aislamiento, no son definitivas ni eficaces para diferentes colectivos, tanto humanos como no, vulnerables ante esta actual situación.
Víctimas de violencia machista
La cuarentena se ha convertido en un riesgo elevado para las mujeres víctimas de violencia machista. La falta de recursos y privacidad, al igual que el continuo aislamiento, obliga a que la víctima se encuentre más en contacto directo con su maltratador.
Esto ocurre en un país en el que, desde el 1 de enero de 2003, más de 1.044 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, el número orfandad por violencia de género no cesa cada año.
El Ministerio de Igualdad ha anunciado un plan de contingencia para prevenir, controlar y minimizar estos riesgos. Se han propuesto los servicios esenciales destinados a su protección, como los dispositivos de atención 24h, la acogida a víctimas en situación de riesgo, centros de emergencia, pisos tutelados, alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata, entre otros.
El número gratuito de asesoramiento 016 sigue en funcionamiento y se ha pedido a las Comunidades de Ceuta y Melilla que den información actualizada sobre los servicios presenciales y no presenciales que están abiertos para que el 016 no derive a ninguna víctima a un servicio que no esté operativo. Además, este teléfono no deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha incluido a los juzgados de violencia de género, un funcionamiento estricto en donde se «realizarán los servicios de guardia que les correspondan«.
En particular, deberán «asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores«.
Personas sin hogar o con pocos recursos económicos
Las medidas de aislamiento y de higiene se han convertido en un plan poco eficaz para el colectivo de personas con pocos recursos económicos o sin techo. Este último, superando la cifra de 35.000 personas que viven en las calles españolas.
En este apartado, también se encuentran las personas migrantes explotadas en los campos de cultivos de diferentes puntos de España como Huelva o Almería, que no tienen ni apenas agua o luz para poder vivir con dignidad.
La precaridad laboral, junto con otros inconvenientes en los ámbitos sociales y económicos, han creado mella a muchas familias, en concreto de clase obrera, las cuales son víctimas de los recortes y los excesivos gastos de derechos y/o recursos vitales como es la alimentación, la vivienda o el agua.
Estas medidas, en cierta parte, funciona como un «privilegio» social que no actúa de forma justa y universal para todas las personas, sin tener en cuenta su status social y/o económico.
Por ello, desde el Gobierno, se ha anunciado diferentes medidas de protección, asistencia sanitaria y residencia para este colectivo vulnerable al contagio del Covid-19. También existirán medidas económicas que ayudarán a las familias a darles margen en las facturas, hipotecas y alquileres, al igual que detener los desahucios o los impagos realizados.
En Madrid, el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha anunciado que el Consistorio madrileño trasladará a los solicitantes de asilo y a las personas sin hogar sin síntomas de coronavirus a un hotel en Arganda del Rey y a una pensión en la capital, donde podrán realizar el aislamiento decretado por el Gobierno.
Por otro lado, las personas con síntomas serán trasladadas al centro de emergencia para solicitantes de asilo de Villa de Vallecas y al centro para personas sin hogar Juan Luis Vives de Vicálvaro, donde recibirán la atención sanitaria adecuada.
“El objetivo es que las personas que no tienen casa dispongan de lugares seguros y reciban la mejor atención posible”, ha explicado Aniorte, que ha lamentado que personas sin hogar formen parte de uno de los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria.
Animales abandonados y centros de acogida hacinados
Desde la propagación del Covid-19, la tasa de animales abandonados, especialmente perros y gatos, ha aumentado considerablemente. Muchas familias han decidido desprenderse de su mascota por miedo al contagio o a su repercusión.
Desde diferentes asociaciones y partidos políticos animalistas como Pacma, han denunciado públicamente los casos de maltrato y abandono de animales y la falta de recursos y medidas legales para mediar con esta situación.
La Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) estima que el número real de abandonos al año es superior a los 300.000 de los casos. Esta alarmante cifra supondría una media de tres animales abandonados cada cinco minutos en España.
Además, muchos de los centros de acogida y reservas de animales, no dan a basto con el exceso de abandonos y la escasez de medios y personal ante esta situación.
Denuncian al Gobierno la falta, e incluso nula, publicación de ayudas, tanto económicas como de logística, para solventar y limitar el abandono de animales de compañía durante esta cuarentena.
Personas oncológicas y con problemas de salud
La histeria social ha provocado que, en la mayoría de los centros sanitarios y farmacias, el material de prevención como mascarillas, guantes o gel desinfectante, esté totalmente agotado e incluso encarecido.
Un claro ejemplo fue el caso de Italia, en donde dicho gel, el cual costaba apenas 3 euros, en un par de semanas, comenzó a rondar los 22 euros en los supermercados.
La limitación de recursos sanitarios, junto con la sobreproducción de los hospitales y consultorios, han provocado que muchas personas con problemas graves de salud se queden parcialmente desatendidas o con una limitada atención sanitaria óptima.
En Madrid, debido a los recortes en la Sanidad Pública, ha obligado que 102 hospitales privados formen parte del plan que prepara la Comunidad de Madrid para hacer frente a la epidemia de Covid-19 según ha anunciado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el sector sanitario privado ha reivindicado su papel en la gestión y atención de la epidemia.
Esta medida ha sido muy criticada, especialmente por el Gobierno, por la concesión de favores y capitalización de la sanidad privada a costa de esta pandemia.
En los Hospitales HM, en concreto en el de San Chinarro (Madrid), si acudes por urgencias y pagas 300 euros te hacen la prueba en cualquier centro del grupo. Hablamos de un test de los cuatro que hay comercializados que cuesta entre 23 y 50 euros.
Personas discapacitadas o con movilidad reducida
En relación con el apartado anterior, muchas de las medidas impuestas, tanto por el Gobierno como por Europa, resultan muy difíciles para personas que necesitan atención y asistencia personal por cuestiones de discapacidad y/o problemas de movilidad.
El Gobierno de España ha remarcado que en este tipo de casos, se permita la movilidad laboral y su asistencia requerida sin ningún tipo de limitaciones ni sanciones.
No obstante, la precaridad laboral, ha afectado y reducido el número de trabajador@s en el sector de ayuda y/o ayuda sanitaria en este tipo de casos.
El Gobierno, una de las medidas que ha tomado en este caso, ha sido a obligar a las empresas y particulares a adaptar o reducir la jornada laboral a aquellas personas que cuiden de otras personas.
Precariedad laboral: Riders, ERTE y demás
La ya citada precaridad laboral y sus reformas que le favorece (aunque el Gobierno ha prometido cambiar el sistema laboral español) ha marcado un gran daño a l@s trabajador@s que no pueden quedarse en su casa por aislamiento.
Aquí, nos referimos a l@s famos@s riders de Glovo y otras compañías de envío de comida (u otro tipo de compras) a domicilio. Además, los usados ERTEs (expediente de regulación de empleo temporal), es decir, quedarte en paro durante un tiempo sin cobrar ni un duro, han reforzado la dificultad de enfrentarse a la economía nacional e internacional en plena pandemia mundial.
La falta de ayudas y protección, tanto laborales como económicas, ha hecho que, tanto trabajador@s como algún que otro empresari@ y/o autónom@, les sea complicado lidiar con el Covid-19. Por ello, desde el Gobierno, se ha prometido facilitar los polémicos ERTEs para no despedir, favorecer ayudas y compensaciones económicas a autónom@s y PYMES, entre otros.
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