Las investigaciones de corrupción que empezaron en 2014 han alcanzado a los más altos niveles del gobierno brasileño, llegando a tocar al actual presidente Michel Temer, otros antiguos presidentes, y cientos de diputados, senadores y oficiales administrativos. La operación Lava Jato, junto con otras operaciones anti-corrupción han llevado a sentencias de empresarios y políticos, despidos en masa y miles de millones de dólares en multas.
Los escándalos han complicado los esfuerzos de reactivar la economía tras una de las mayores contracciones que el país ha visto en más de un siglo. El país está sumido en una crisis económica, social y política, que sin duda afectará enormemente los resultados de las próximas elecciones generales en 2018. Mientras, millones de brasileños se manifiestan a favor las investigaciones, con esperanza de poder erradicar la corrupción omnipotente que ha plagado el país.
¿Qué es Lava Jato?
En marzo de 2014, un grupo de fiscales liderado por el juez Sergio Moro, lanzaron la operación Lava Jato, luego de descubrir transacciones irregulares en la compañía petrolera estatal Petrobras. Se sospechaba que Petrobras estaba aceptando sobornos de ciertas empresas, entre ellas la gigantesca constructora Odebrecht.
Para julio de 2017, las acusaciones habían llegado ya a casi 300 personas y más de una docena de empresas, y resultando en más de 150 condenas por crímenes como corrupción, abuso de poder, tráfico de drogas y lavado de dinero. Altos cargos de Petrobras y Odebrecht, incluyendo al antiguo CEO de la compañía Marcelo Odebrecht, han terminado en la cárcel, luego de que su empresa admitiese haber pagado unos $788 millones en sobornos.
Pero Lava Jato es tan solo una de las numerosas investigaciones abiertas, que dejan ver la descomposición de la política brasileña desde hace décadas. Otra investigación anti-corrupción derivada de Lava Jato, conocida como la operación Carne Fraca, investiga sobornos de la industria alimenticia, en particular a los exportadores de carne más grandes del mundo, JBS y BRF. En este caso, los testimonios apuntan a que más de 1800 políticos, entre ellos el actual presidente, han recibido sobornos para aprobar la venta de alimentos estropeados.
Los implicados
Luiz Inacio Lula da Silva. El ex-presidente (2003-2011), que considera postularse para las elecciones generales de 2018, ha sido sentenciado a 9 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, y es investigado en otros 4 casos. El fiscal acusa a Lula de ser la mente maestra detrás de todo el esquema de corrupción descubierto por Lava Jato.
Dilma Rouseff. La ex-presidenta, quien fue imputada en agosto de 2016 durante su segundo término, sirvió como presidenta de Petrobras entre 2003 y 2010.
Michel Temer. El antiguo vicepresidente de Dilma, no aparecía en la lista original de sospechosos. No fue hasta que unas grabaciones ocultas, en las que Temer autoriza el pago de dinero para comprar el silencio de Eduardo Cunha, se hicieron públicas que se decidió investigar al actual presidente.
Eduardo Cunha. Antiguo Portavoz de la cámara baja del congreso, acusado en octubre de 2016 de aceptar sobornos de hasta $40 millones y de obstruir la investigación de sus actividades. En marzo de 2017 se lo sentenció a más de 15 años de cárcel por corrupción, evasión y lavado.
¿Y ahora qué?
El futuro de Brasil está más incierto que nunca. El problema es que la legislación brasileña solo permite que el tribunal federal supremo juzgue a políticos sirviendo sus términos. Por esto, juzgar a un político en Brasil es un proceso arduo, que casi nunca lleva a ningún lado. Los políticos en Brasil gozan de una inmunidad enjuiciamiento poco vista en otros países.
En su momento hubo quienes aseguraban que el impeachment de Dilma traería estabilidad y limpiaría a Brasilia del desastre institucional que había. Hoy los brasileños ya no saben en quien confiar. El partido de Dilma, el Partido de los Trabajadores, es de lejos el más implicado. Pero la segunda mayoría, es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido de Temer, cuyo gabinete ha quedado diezmado tras más y más oficiales caen en las investigaciones anti-corrupción. Políticos de todos los partidos se han visto implicado por estas investigaciones y no hay una oposición real y limpia que provea una alternativa transparente y democrática.