El Gobierno de Japón ha aprobado el polémico plan por el que se arrojarán los más de 1,23 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas, almacenadas en tanques en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, en el océano Pacífico.
Aunque el Ejecutivo nipón ha determinado que este vertido no supone problemas de seguridad para las personas o el medioambiente, varios países vecinos y organizaciones como Greenpeace han condenado esta acción, afirmando que se “ignoran los derechos humanos y el derecho marítimo internacional”.
Esta decisión pone punto y final al debate sobre qué hacer con ese agua almacenada
“El Gobierno japonés ha vuelto a fallarle al pueblo de Fukushima al tomar la decisión totalmente injustificada de contaminar deliberadamente el océano Pacífico con desechos radiactivos. Ha descartado los riesgos de la radiación y ha dado la espalda a la clara evidencia de que hay suficiente capacidad de almacenamiento disponible en el sitio nuclear, así como en los distritos circundantes”, ha afirmado Kazue Suzuki, responsable de la campaña de Energía en Greenpeace Japón, en el comunicado oficial.
Esta decisión pone punto y final al debate que se ha mantenido durante varios años sobre qué hacer con ese agua almacenada en la instalación nuclear.