El centro social mantiene su actividad regular gracias al éxito de su concentración, mientras el Ayuntamiento acude a la vía judicial.
El centro social La Ingobernable sigue su actividad después de que resistiera al primer intento de desalojo del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 28 de agosto. Gracias a la asistencia de la convocatoria que realizó la asamblea, las tres trabajadoras del Consistorio solo pudieron “constatar que el edificio sigue ocupado”, según Álvaro Briales, portavoz de La Ingobernable.
Aunque, según fuentes municipales, no pudieron realizar el desalojo tal como marcaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque era el último día para que se realizara de forma voluntaria, antes de comenzar la vía judicial.
Después de la convocatoria, los miembros del colectivo Pablo Martínez y Serlinda Vigara realizaron una rueda de prensa en la que recalcaron que usarán “toda la fuerza del diálogo con todas las personas de La Ingobernable”, en respuesta a declaraciones previas del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Al día siguiente, Almeida insistió en que recurrirán a “toda la fuerza de la ley” para desalojar el edificio, a la vez que negó que el desalojo vaya a producirse por la fuerza: “La Ingobernable estaría deseando que nosotros acudiéramos allí y diéramos una patada en la puerta y los sacáramos a gorrazos, pero eso no lo vamos a hacer».
Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal, indicó que falta la autorización judicial, trámite que comenzaron a preparar tras la entrega de la notificación para el desalojo, y que “cuando lo tengan” procederán al desalojo del edificio.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, señaló que “por mucha gente que son capaces de reunir a la puerta, no representan a los tres millones de madrileños, que sí están representados en el Pleno y en el Gobierno», refiriéndose a las personas que participaron en la concentración.
Además, Villacís añadió que “en una democracia como la nuestra, hay un procedimiento para solicitar espacios públicos. Nadie en Madrid va a tener más derecho que nadie por dar una patada en la puerta».
Mientras tanto, La ingobernable mantiene su actividad regular con la vista puesta en su función como centro logístico de una de las manifestaciones de la Huelga Mundial por El Clima del próximo 27 de septiembre.
Breve historia de La Ingobernable
Desde La Ingobernable, definen al edificio de la calle Gobernador 39 como “un centro social de comunes urbanos” que es “autogestionado por las propias personas que lo utilizan”.
El edificio fue construido para ser la sede de la Universidad Pública (UNED), además de servir como sede del Centro de Salud de Retiro, hasta que el Gobierno de Ana Botella lo cedió en 2015 al arquitecto Emilio Ambasz, a su vez relacionado con FAES, fundación del expresidente José María Aznar.
La cesión por 75 años parecía destinada a una demolición y posterior construcción de un museo de arte, arquitectura, diseño y urbanismo con una altura superior a la permitida por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997; pero no obtuvo licencias para iniciarse.
Tras la manifestación del colectivo Madrid No Se Vende, en mayo de 2017, el colectivo se hizo con el control del edificio e inició su transformación en centro social.
Un año después, el Ayuntamiento de Manuela Carmena rescindió la cesión de la construcción con el pago de 1,4 millones de euros de indemnización a la Fundación Ambasz, aunque también ordenó su desalojo, alegando que se trataba de un “procedimiento administrativo” que el ayuntamiento inició al producirse la ocupación del edificio.
Por el momento, La Ingobernable mantiene sus actividades, resistiendo en una lucha por algo más que hacer honor a su nombre.