Presidenta
Apartahotel, Dulce Apartahotel: Las Aventuras de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid “desvía” las críticas hacia la gestión de la pandemia con su estancia en un apartahotel de lujo.

Escasos días después de la polémica sobre la comida para menores de familias desfavorecidas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a protagonizar las tertulias. El motivo: su estancia en un apartahotel durante el estado de alarma.

Se trata de dos apartamentos en el Plaza España Skyline by BeMate, perteneciente a Room Mate, grupo del empresario Kike Sarasola. Desde que la presidenta se alojó el 16 de marzo, (tras su positivo por COVID-19) ha utilizado la “Royal Suite” y la “Executive Suite Terrace” del apartahotel de lujo para trabajar y descansar, respectivamente.

Como es habitual en este tipo de apartahoteles, cuenta con aparcamiento, servicio de limpieza y seguridad.

Según eldiario.es, la suma de ambos apartamentos se situaría en 408 metros cuadrados, contando con 204 entre tres terrazas, además de que vecinos de la zona apuntan a que estaría utilizando otro (el de la séptima planta). En la página del edificio, establecen 80 metros cuadrados, en el caso de la “Royal Suite”, y 87 para la “Executive Suite Terrace”.

Tanto la presidenta como Kike Sarasola defienden que ella correrá con los gastos, un “paquete” de 80 euros al día, 2.400 al mes, en lugar de los 200 euros al día que costaba la “Royal Suite”, cuando estaba disponible para su reserva.

“Estando yo contagiada no podía ni bajar al súper. Fui a un hotel cerrado al público. Busqué la mejor oportunidad, la mejor opción para no molestar a mi equipo, a mis vecinos y para, de mi bolsillo, seguir trabajando con unas garantías dignas.” Con estas palabras Ayuso defendía su estancia ante la Asamblea.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hizo lo propio ante las cámaras de Telecinco: necesitaba estar fuera de su casa para no contagiar a su madre”. También señaló a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por su supuesto confinamiento en una vivienda propiedad del Estado cuando dio positivo por coronavirus.

A pesar de que la mudanza se sitúa en el 16 de marzo, dos días después del inicio del estado de alarma, Room Mate argumenta en un comunicado que “había acordado, antes del inicio del Estado de Alarma, dar servicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid en uno de sus apartamentos, ya que esta necesitaba un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional.”

Además, el grupo recuerda que ofreció 13 establecimientos de distintas ciudades “de forma desinteresada y gratuita para acoger a personal sanitario, bomberos, personas mayores procedentes de residencias de la tercera edad y turistas que no podían volver a su país de origen.”

Una orden ministerial del 19 de marzo establece el cierre de los establecimientos turísticos, pero permite mantener abiertos los establecimientos de temporada y larga estancia, siempre que sus clientes estuvieran hospedados “en el momento de declaración del estado de alarma”.

A la orden de Sanidad se añaden las dos posteriores del Ministerio de Transporte, con el listado de alojamientos turísticos que se declaran servicios esenciales para acoger a trabajadores, con el fin de que sigan prestando servicio. Existen excepciones para personas que “por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia”.

En el caso del Be Mate Plaza España, no figura en el listado y las razones que argumenta la presidenta para su estancia tampoco están recogidas en las excepciones. Y, aunque figurara en el listado, la presidenta terminó la cuarentena el 10 de abril. Tiene intención de permanecer hasta que Madrid entre en la fase 2 de la desescalada.

Pero, según Vanity Fair, la “Royal Suite” solo está disponible para clientes exclusivos de Kike Sarasola. Por tanto, a las dudas sobre si la presidenta pagará su estancia con los 5.239 euros brutos al mes de su salario público, habría que añadir un posible trato de favor.

El código ético de la Comunidad de Madrid establece que “los altos cargos no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual”.

 Para el código ético del Partido Popular, sería motivo de renuncia “dar, ofrecer, aceptar o solicitar de forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en atención al cargo o responsabilidad que ostente, que puedan influir en sus decisiones o en las de terceros para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros”.

Sumado a ese posible trato de favor, la propia presidenta anunció una investigación durante su comparecencia en la Asamblea, a raíz de un contrato de 565.749,58 euros adjudicado a la empresa de Sarasola para habilitar dos hoteles para mayores usuarios de geriátricos. Esos dos hoteles serían el Room Mate Alicia y el Room Mate Alba, cuya gestión recae en la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero (Ciudadanos).

La administración retiró el contrato en la noche del pasado martes, explicando que se trataba de “un error”. Ayuso responsabilizó a Reyero y este destituyó a Miguel Ángel Jiménez, hasta entonces secretario general técnico.

El nuevo contrato tiene por beneficiaria a una plataforma ONG, con una cifra de 240.443,57 euros. Sin embargo, las adjudicaciones de los dos contratos dan como resultado 806.193,45 euros, misma cifra que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid admitió como coste para habilitar esos dos hoteles, el pasado 6 de mayo.

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JesusMoreno

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