El 1 de febrero de 2014, unas 30.000 mujeres se concentraban en Madrid para protestar contra la intención del Gobierno de restringir el derecho al aborto, conseguido apenas 4 años antes, en 2010. En esos momentos, el anteproyecto de ley que manejaban en Moncloa suponía un regreso a 1985, cuando se despenalizó por primera vez el aborto en los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre.
La concentración, que a día de hoy podría ser definida como la primera gran manifestación del movimiento feminista en España, fue calificada de éxito por parte de las convocantes. Entre otras cosas, determinó la retirada del proyecto de ley e incluso aceleró la dimisión del ministro de Justicia y principal impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón.
El triunfo fue tal que se ha afirmado en muchas ocasiones que este Tren de la libertad -así se llamó a la convocatoria- fue decisivo para poner en relación a plataformas feministas de toda España que en los siguientes años organizarían las grandes marchas del 8M.
A pesar de todo, el Gobierno del Partido Popular sí introdujo una modificación en la ley de 2010: se restringía el derecho a abortar para las menores de edad (16 y 17 años), y se supeditaba al consentimiento paterno o de sus tutores. Este fue, ya en el proceso de aprobación de la ley de 2010, uno de los puntos más conflictivos, y su modificación fue vista como una victoria parcial del movimiento provida. Una modificación que, a día de hoy, sigue vigente, aunque seguramente por poco tiempo.
Y es que el pasado miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció la intención del Gobierno de derogar este supuesto y volver al texto original de 2010, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, sin necesidad de consentimiento en el caso de las menores de edad de 16 y 17 años. De conseguirse, supondría una victoria del movimiento feminista, que lleva esta demanda en su agenda desde entonces, y que colocaría a España, de nuevo, a la cabeza de los países con mayor libertad en cuestiones reproductivas.
Esta modificación llegaría, además, en un momento en el que el derecho al aborto está siendo debatido en numerosos países latinoamericanos, por lo que su aprobación supondría un empujón a los movimientos proaborto de la región que llevan años estableciendo alianzas con el movimiento español.
Esta reivindicación es especialmente notoria en Argentina, país en donde la despenalización del aborto estuvo ya a punto de lograrse en 2018, y donde el actual Gobierno mantiene su aprobación definitiva como promesa para este mandato (es decir, antes de 2023).