Durante los últimos meses, el rey emérito Juan Carlos I ha acaparado numerosos titulares por supuestas revelaciones de supuestos delitos de corrupción.
Ahora, los principales medios (españoles e internacionales) destacan al rey emérito por otro motivo. El lunes 3 de julio, Juan Carlos I decidió abandonar España, comunicando por carta a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión.
En esa misma carta, (que puedes leer aquí) afirma que la decisión de abandonar España la toma “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”.
¿Cuáles son esos “acontecimientos pasados”?
Desde el pasado 8 de junio, la Fiscalía del Tribunal Supremo (“el órgano judicial superior en todos los órdenes”) tiene abierta una investigación contra Juan Carlos I en la que valoran si cometió blanqueo de capitales relacionados con las comisiones con el AVE a la Meca.
En concreto, se investiga una “donación” de 100 millones de euros desde Arabia Saudí por su supuesta intermediación en el contrato del AVE a La Meca.
Esta investigación se puede realizar tras su renuncia como rey en 2014, ya que perdió el derecho de inviolabilidad (derecho que le otorga la Constitución al rey y por el que no se le puede juzgar ni acusar de ningún delito). Con ello llegaron las investigaciones, que solo se podrían juzgar si se hubiesen cometido a partir de esa fecha.
Estas investigaciones tienen su origen en 2018, en unas supuestas grabaciones en las que Corinna Larsen (examiga del rey) le atribuía el uso de testaferros (afirmando que había prestado su nombre para figurar como titular).
Esas supuestas grabaciones estarían en posesión del fiscal suizo, Yves Bertossa, retenidas como supuestas pruebas en otra investigación dónde se investiga el origen de la fortuna del emérito.
La Monarquía, en el punto de mira en los últimos meses
El 15 de marzo, recién declarado el Estado de Alarma, otra gran noticia relacionada con la monarquía aparecía en todas las cabeceras.
El rey actual, Felipe VI, renunciaba a la herencia de su padre (a pesar de que legalmente hasta su muerte no se legaliza) y prometía retirarle la asignación pública anual de casi 200.000 euros.
Estos anuncios se producían después de que el medio The Telegraph publicase que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario en la fundación “offshore” dónde supuestamente se realizó la donación de la que hablábamos antes.
Finalmente, conviene aclarar que al no tener ninguna limitación de movimiento, como si ocurre durante el transcurso de juicios penales, el rey emérito tiene libertad de movimiento, por lo que ha comunicado su decisión de irse a un país, que, de momento, no se ha confirmado.
